Comentario 1

                                       

El Estado tiene la obligación de impartir justicia de manera imparcial, independiente y objetiva. De cumplirse las anteriores premisas, se podría justificar el funcionamiento del poder judicial. La potestad jurisdiccional del Estado es encomendada al poder judicial, cuyo representante es un juez o tribunal, sus decisiones y resoluciones deben de ser independientes, imparciales y objetivas; sin embargo, la doctrina de carácter jurídico  ha puesto en tela de juicio  esa objetividad que debe revestir a una resolución. Esto se presenta en virtud de que, al ser una actividad de saber-poder,  tiende a verse afectada por varios factores y características  inherentes a la personalidad de los resolutores, lo que genera que contengan esencialmente un sentido subjetivo. Estas valoraciones realizadas por los jueces  afectan el sentido de las sentencias, ya que son el resultado de los intereses y preferencias de los mismos.